Ayer se dio a conocer que la ponencia del magistrado José Fernando Reyes tuvo siete votos a favor y dos en contra, lo que modifica el artículo 1° de la Ley, e indica que la duración de la pena deberá sujetarse a los límites temporales que para dichas condenas establezca el Código Penal. En consecuencia, la Corte consideró que no es constitucional declarar una inhabilidad perpetua para quienes sean condenados por delitos sexuales contra menores de 18 años.

La demanda fue interpuesta por el Grupo de investigación en Política Criminal, Víctima y Delito de la Universidad de Manizales, en el que participan estudiantes de la institución bajo el liderazgo del profesor Luis Vélez Rodríguez, doctor en Derecho de la Universidad de Málaga, España. La acción constitucional se orientó a garantizar respeto de la dignidad humana de quienes son condenados por esos delitos, para que no les impida continuar con su realización personal cuando terminen de pagar su pena.

La Corte también indicó que no es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a quien le corresponde hacer la regulación, sino que esa competencia es del Congreso de la República.

Aunque la demanda interpuesta por Vélez Rodríguez buscaba derogar dos artículos más, la Corte los declaró exequibles. Los que crean el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores, administrado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y el artículo 4 de la norma, exceptuando la expresión “por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” que se declaró inexequible, y ya no será quien defina los cargos, oficios o profesiones que entran en esas inhabilidades.

Con esta decisión del alto tribunal, la Universidad de Manizales demuestra como desde los aportes de sus grupos de investigación se continúa aportando a la construcción de un mejor país, con justicia, equidad e inclusión.

El dato: El profesor Luis Vélez Rodríguez, orienta las asignaturas de Derecho Penal y Criminología en pregrado; hace parte de las maestrías en Ciencias Forenses y Derecho, y dirige la línea de Política Criminal y Política Legislativa del Doctorado en Derecho.