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"Vigilada Mineducación"

Prioridad de Hidroituango, terminar lo antes posible

Publicado el: 08-02-2022

El informe de Pöyry se manifiesta en contra del cambio de contratistas.


El Centro de Pensamiento de la Universidad EIA se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la situación del proyecto y, en particular, con respecto a dos temas: la necesidad de terminar Hidroituango lo antes
posible como la mejor estrategia para disminuir y gestionar los riesgos que pueden afectar su entrada en servicio y su operación; y la inconveniencia del cambio de contratistas por los impactos que se derivarían inmediatamente de esta decisión.

Hoy es necesario hacer nuevamente un llamado a la responsabilidad y cordura que les corresponde a la Alcaldía de Medellín y a EPM ante la insistencia en el cambio de contratistas, a pesar de lo señalado en el
informe de Pöyry –recientemente conocido por la opinión pública– en el que explícitamente se recomienda no hacer el cambio de contratistas, por los riesgos derivados de tal medida.

Al revisar el informe de Pöyry, en la matriz de hallazgos (tabla 1-2), se clasifican los comentarios con un sistema de semáforo con respecto a su priorización y urgencia y en rojo señalan los “hallazgos muy críticos que requieren atención urgente y que pueden tener consecuencias catastróficas para el proyecto”.

Entre los muy críticos, en el área de gestión de proyectos y de construcción, se identifica el cambio de consultores y contratistas principales, con los siguientes peligros asociados: “Retraso en la definición de medidas de mitigación y en la ejecución de obras de estabilización. Falta de contratista en el terreno para intervenir de manera rápida en caso de otros eventos”. También se presentan las medidas de mitigación propuestas por EPM: “Renovación de contratos y cierre de adendas por obras no previstas en los contratos originales y contratación directa de empresas especializadas por nuevas obras”.

Finalmente, el comentario de Pöyry afirma: “Se debe evitar el cambio de los actores principales en este proyecto. Significaría importantes retrasos (mínimo un año) y reduce la trazabilidad en la recuperación del proyecto; además, aumentará el costo global del proyecto y se pierde responsabilidad para el diseño y la ejecución de las obras”.

El lunes 24 de enero, en entrevista con Caracol Radio, el gerente de EPM afirmó que la empresa espera “en el mes de febrero iniciar el proceso licitatorio... La meta es que al mes de noviembre o antes tenga
mos un contratista habilitado para la culminación de la etapa II del proyecto”; es decir que, contrario a lo que ampliamente se ha recomendado por expertos y por Pöyry, el gerente de EPM insiste en cambiar los contratistas. Es pertinente precisar y recalcar que con la puesta en operación de las dos primeras unidades no desaparecen los riesgos asociados al cambio de contratistas, pues si bien se mitigan algunos de ellos, en la gran mayoría y en lo esencial se mantienen, por mayores costos y tiempos adicionales, menores conocimientos y experiencia en el manejo del proyecto, así como en la oportunidad y calidad en la atención a posibles situaciones de emergencia. Esto, a su vez, hace que la implementación de las soluciones adoptadas para el manejo de los demás riesgos críticos también resulte afectada y, por tanto, la estabilidad del proyecto, que fue la razón por la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– solicitó el estudio que realizó Pöyry. Los hallazgos más críticos, cuyas soluciones son urgentes y que se pueden ver afectadas por un cambio de contratistas son: daños en el muro de cemento-bentonita en la parte superior de la presa, daños en la losa del vertedero, falla de los taludes en el cuenco amortiguador, zona de derrumbe en el estribo derecho y potencial tsunami causado por deslizamientos en el embalse.

En ese sentido, es importante que la ANLA se pronuncie pronto sobre los resultados y las recomendaciones del estudio, con el fin de viabilizar la puesta en operación del proyecto y la implementación de las medidas recomendadas por Pöyry para la estabilidad del mismo, sin dejar de lado lo que respecta a la inconveniencia del cambio de contratistas que, como se mencionó, es uno de los comentarios de alta criticidad en relación con la estabilidad de Hidroituango.

Es necesario resaltar que no se trata de estar a favor o en contra de los actuales contratistas, sino de la seguridad de las obras y de las comunidades localizadas aguas abajo de la presa. Como se anota
en el informe citado:

“(...) cabe resaltar que sería contraproducente contratar, para la finalización de las obras civiles, hidromecánicas y electromecánicas que son necesarias para la puesta en marcha de todas las unidades de generación, empresas que no están familiarizadas con la situación actual del proyecto. Según la experiencia de Pöyry, nuevas empresas necesitarían varios meses para comprender y verificar todo los retos y desafíos del proyecto y, al final, pueden pedir una compensación por encima de las expectativas de EPM o, inclusive, declinar su participación”.

No se conocen, ni es fácil imaginar las razones por las que EPM insiste en el cambio, máxime cuando las supuestas inhabilidades que lo justificaban por el proceso fiscal adelantado por la Contraloría General
de la República quedaron resueltas con el pago por parte de la aseguradora; y tampoco se conocen los supuestos beneficios que se obtendrían. Por lo contrario, los perjuicios sí están claramente identificados, pudiendo llegar a ser catastróficos, principalmente para EPM, como se ha advertido desde tiempo atrás y como lo señala el informe de Pöyry. ¿Cómo entender tal decisión que se sale de toda lógica? ¿Son conscientes el alcalde, el gerente y la junta directiva de EPM de la responsabilidad que asumen de manera individual y colegiada al actuar de forma ciega y contra toda recomendación de expertos que solo buscan el beneficio general? Se confía que en los próximos días haya una revisión de esta determinación por parte de la Alcaldía y de la junta directiva de EPM, así como la intervención oportuna de la ANLA y de las autoridades nacionales correspondientes para evitar que se persista en ese proceder carente de racionalidad que puede generar incertidumbre y graves consecuencias de orden económico, social y ambiental, y hasta un posible fracaso del proyecto.

Para finalizar, es oportuno recurrir nuevamente al informe de Pöyry que, en sus conclusiones, señala: “Los hallazgos más críticos, según lo resumido en las secciones anteriores, pueden resultar, directamente o
indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas. La mitigación más eficaz para mitigar este riesgo catastrófico consiste en acelerar, en lo posible, la puesta en marcha de las ocho unidades de generación.

Adicionalmente, Pöyry recomienda proceder con los estudios para una descarga de medio fondo. En este sentido, la gestión eficaz por parte de EPM, de los contratos correspondientes, constituye un prerrequisito para evitar una inoportuna prolongación de la situación de contingencia”. Como este Centro de Pensamiento ha expresado desde el año pasado en forma reiterada, la mejor solución al manejo de los riesgos es terminar el proyecto.

Si por alguna razón, la gerencia de EPM y su junta directiva, presidida por el alcalde de la ciudad, no actúan de manera responsable y oportuna, conforme a las recomendaciones y advertencias de los expertos, en aras de la seguridad y del bien superior, las autoridades nacionales competentes, incluida la Presidencia de la República, deberían considerar la posibilidad de intervenir ante el riesgo que representan decisiones críticas que van más allá del ámbito de interés de una empresa. Por eso, una vez más, desde este Centro de Pensamiento se hace un clamoroso llamado a los responsables para concentrar sus energías y decisiones en la urgente y crítica necesidad de terminar cuanto antes el proyecto Hidroituango en sus dos etapas.


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