Hoy, nuevamente, se pronuncia este centro de pensamiento para hacer algunas consideraciones y reflexiones a raíz del fallo de primera instancia de la Contraloría General de la República -CGR- y de las posibles consecuencias de tal decisión con responsabilidad fiscal para personas naturales y jurídicas, que incluye a exfuncionarios y exmiembros de junta directiva, así como a las empresas constructoras, los interventores y al asesor y diseñador del proyecto. Aunque es necesario resaltar el respeto que se tiene por la autonomía de la CGR y sus actuaciones, así como el acatamiento que corresponde a sus decisiones, esto no obsta para expresar las reflexiones y dudas derivadas de la medida adoptada.

El objetivo prioritario para Empresas Públicas de Medellín -EPM-, el departamento de Antioquia y el país en general sigue siendo la puesta en servicio del proyecto lo antes posible en condiciones apropiadas y seguras que garanticen la operación estable y sin ningún tipo de interferencias. De hecho, los medios destacan el avance alcanzado del 84 %, el mismo que se tenía antes de la contingencia, los importantes hitos que se han superado y la expectativa de poner dos unidades en operación para el segundo semestre de 2022, lo cual permitiría cumplir con lo mínimo requerido según los compromisos adquiridos por EPM.

Es indudable que la decisión de la CGR trae dificultades para las empresas constructoras, incluidas posibles diferencias con EPM, con lo cual se puede afectar el avance en el proyecto y los medios registran la posibilidad de cambiar los contratistas. En cualquier caso, se generan riesgos para la puesta en operación acorde con lo previsto, decisión que generará, muy probablemente, más perjuicios que beneficios, contrario a la conveniencia no solo de EPM sino de los colombianos.

De esta decisión se derivan notorios impactos en lo económico, lo social, lo político y lo moral, que tardarían décadas en recuperarse, tanto para las personas y las empresas implicadas como para la sociedad en general. Por eso, se hace un llamado de alerta a la sociedad sobre la importancia de tener clara consciencia de las implicaciones ante este crítico panorama y, a la vez, un llamado a la prudencia por parte de las entidades de control y al manejo serio y responsable de los medios, de manera objetiva e independiente
de intereses distintos a la verdad, la ecuanimidad y la justicia. Un primer paso en esta dirección es que la CGR haga las aclaraciones correspondientes para que no queden dudas sobre su actuación transparente y ajustada a la ley, tal como le corresponde y como está llamada a cumplir sin tacha. Algunas de las preguntas que se derivan del fallo son las siguientes:

• ¿Cuenta (y contó) la CGR con asesores de la experiencia y la especialización requerida para realizar el complejo análisis de este caso y con los estudios lo suficientemente sólidos para respaldar sus decisiones?

• ¿Se están cumpliendo de modo riguroso los postulados jurídicos requeridos para formular y soportar los cargos? ¿O se trata de valoraciones subjetivas que se amparan y justifican en los evidentes retrasos del proyecto y sus impactos?

• ¿Tiene la CGR la certeza suficiente, amparada en argumentos técnicos sustantivos, para llegar a las conclusiones sobre las responsabilidades como se determinaron en el fallo?

• ¿Las decisiones se han visto influenciadas y afectadas por la presión mediática y por una opinión pública ávida de encontrar culpables?

• ¿Existe plena consciencia en la CGR de los efectos e impactos que puede ocasionar esta actuación para las personas y empresas involucradas, así como para la región y el país? Y, en forma complementaria, ¿hay claridad, como institución y como grupo de personas responsables de la decisión, en caso de existir un error en ese fallo, sobre cómo se responderá y se compensará el daño causado a todos los que lo padecen, incluido el perjuicio común?

Entre otras posibles y no menores consecuencias que se derivan de esta decisión, se sumará una dificultad adicional a las ya existentes para acometer los grandes proyectos que requiere el desarrollo del país: el enorme desincentivo de las empresas nacionales y extranjeras para asumir los riesgos inherentes a la ejecución de este tipo de proyectos.

También, el de los profesionales experimentados y especializados, no solo para trabajar en las entidades públicas, sino en todos los proyectos que se adelanten con entidades estatales, pues, la situación de desmoronamiento personal, familiar y profesional que por esta causa viven reconocidos profesionales con amplia experiencia y solvencia moral, por haber participado en la ejecución del proyecto, causan asombro y pánico en el medio profesional y en quienes hoy se forman en esas disciplinas.

Igual sucede con las empresas participantes del proyecto, de las más representativas de la ingeniería colombiana, con reconocimiento en el país y en el ámbito internacional y con sólida reputación. Esta decisión, sin duda, representa una afectación para la ingeniería colombiana en su conjunto y, al menos en el futuro próximo, en la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura en el país.

Aunque no se discute el principio general de derecho dura lex, sed lex (“la ley es dura, pero es la ley”) y que se aplique sin distingo, se llama a la reflexión a la CGR y a la ciudadanía en general, para que la ley se aplique de forma justa, sin que quede ninguna duda del soporte riguroso e imparcial, ni de la objetividad amparada en la argumentación sólida, teniendo en cuenta circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que no se generen efectos adversos para el país y aun para los beneficiados con la decisión, incluido EPM.

Finalmente, se hace un llamado a las facultades de ingeniería, agremiaciones y asociaciones del sector, para que del análisis de este caso y otros similares, se pueda generar un diálogo amplio sobre las circunstancias y los riesgos que deben afrontar proyectos de estas características; y abordar un trabajo conjunto con los organismos de control que permita un mejor entendimiento de la complejidad y grado de incertidumbre propios de estos proyectos, así como hacer propuestas para una mejor planeación y ejecución y minimizar los riesgos que pueden afectarlos, contribuyendo así al desarrollo del país y a que se tenga mayor claridad del aporte de la ingeniería al bienestar de la sociedad de forma responsable, honesta y abnegada.

Es, pues, un llamado a la construcción conjunta a partir de esta experiencia y a la prudencia de quienes toman las decisiones en aras de alcanzar una justicia sana, transparente y responsable.