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"Vigilada Mineducación"

Foro: Dilemas jurídicos del proceso de paz

Publicado el: 15-05-2013

Foro: Dilemas jurídicos del proceso de paz

Se produjeron insumos valiosos para la paz, no obstante las diferencias, muchas de ellas profundas, evidenciadas en la mañana del 9 de mayo de 2013 durante el primer panel del Foro ‘Dilemas Jurídicos del Proceso de Paz’, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Ámbito Jurídico y CIT-pax Colombia, se pudo comprobar la aseveración del Rector del Externado, Juan Carlos Henao, en el sentido de que “ninguno de los asistentes al debate ha echado la llave de la paz al mar” y que existen posibilidades de que Colombia logre un consenso sobre la manera de obtenerla, que es, en definitiva, el punto crucial.

En el panel inaugural del Foro, en el que se discutió el Marco Jurídico para la paz, aprobado por el Congreso nacional, participaron el Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre; el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; el Presidente del Senado de la República, Roy Barreras; y la Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional, Clara Elena Reales, participación panelistas; y el Rector del Externado, Juan Carlos Henao, como moderador.

Sin renunciar a sus posiciones, los participantes se mostraron dispuestos a salirse de un esquema flanqueado por el blanco y el negro y se atrevieron a aproximarse en busca de algunos grises necesarios. De hecho, frente a uno de los principales desacuerdos entre las partes, relativos al juzgamiento de los alzados en armas, el Procurador General admitió que “la sociedad y el Estado deben estar dispuestos a una dosis de impunidad”, y reconoció que se puede pensar en un sistema que privilegie el juzgamiento de los máximos responsables y que algunos guerrilleros podrían acceder a beneficios como reducción de la pena y lugares de reclusión diferentes a la cárcel.

A lo largo del debate, como lo explicó el rector Henao, se enfrentaron dos posiciones relativas al papel de la justicia con respecto a los guerrilleros: un modelo ‘maximalista’ que sugiere que todos los implicados en el conflicto armado deber ser judicializados y uno ‘minimalista’, que propone el Marco para la paz, que opta por el juzgamiento de los máximos responsables, solamente.

Entre otros, los planteamientos del Procurador General giraron en torno de la inconstitucionalidad del Marco Jurídico para la paz –que fue expuesto en detalle por el senador Roy Barreras- al que calificó como ‘una amnistía encubierta’; la necesidad de imponer penas privativas de la libertad, pues en su concepto la idea de la suspensión de la pena es “una caricatura de justicia” y las barreras que imponen los organismos penales internacionales para las propuestas contenidas en el Marco. En opinión del jefe del Ministerio Público, dichas instituciones se opondrían de plano, por ejemplo, a una pena de 8 años para delitos de lesa humanidad.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, planteó desde el comienzo el contrapunto a las posiciones del Procurador al señalar que el país no puede aventurarse en la utopía de juzgar a todo el mundo para caer en una paz endeble y ficticia. Indicó que la privación de la libertad no es la única manera de reaccionar frente a los delitos cometidos por los alzados en armas y explicó que el derecho penal debe sopesar el contexto social con el fin último de lograr la paz.

Montealegre señaló que antes que conceptos inamovibles, rígidos y absolutos, el derecho ha evolucionado hacia posiciones flexibles de las que se infiere el relativismo de ciertos derechos fundamentales en función de otros, en este caso, el de la paz. De acuerdo con el Fiscal no hay tal rigidez en los organismos internacionales del derecho penal, pues estos comprenden las exigencias del contexto social y de una coyuntura específica. “La inflexibilidad conduce a la tragedia. No podemos sacrificar la paz en aras de una utopía”, dijo finalmente.

Participación de las Farc y refrendación ciudadana

Una Asamblea Nacional Constituyente como la que propone el grupo guerrillero, como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, una vez firmados, pondría en riesgo los avances democráticos de la Constitución de 1991, porque podrían interponerse intereses y concepciones contrarios al espíritu de apertura política y tolerancia de la Carta.

Esta fue la opinión expuesta por el profesor, expresidente de la Corte Constitucional y exsenador Carlos Gaviria Díaz, en su intervención en el segundo panel del Foro, relativo a la manera de propiciar la participación política de los insurgentes que se reincorporen a la vida civil.

Los participantes en este panel, integrado por los exmagistrados Gaviria Díaz y Humberto Sierra Porto (hoy juez de la Corte interamericana de Derechos Humanos); el profesor Rodolfo Arango y el senador John Sudarsky, coinciden en que debe haber reformas y cambios que favorezcan la participación no solo de las FARC sino de todo el pueblo colombiano. Sin embargo cada cual aportó su enfoque particular.

En general, los panelistas expresaron la inconveniencia de la Asamblea Constituyente y se mostraron amigos de otros mecanismos de refrendación de los posibles acuerdos, como el plebiscito o el referendo. El profesor Gaviria Díaz, expresó preocupación por la existencia de un clima de animadversión hacia las Farc en la opinión pública colombiana, favorecido por la misma organización guerrillera y por una campaña mediática que, según el catedrático, complica la inserción del grupo en la política. Una situación que debe superarse mediante estrategias como el establecimiento de un Estatuto de la oposición que facilite la intervención de las voces disidentes en un ambiente menos crispado.

Al mencionar algunos de los problemas que se enfrentan en el propósito de abrir espacios políticos a quienes regresen a la institucionalidad, el profesor de la Universidad de los Andes, Rodolfo Arango, puso de presente la existencia de ideas diferentes entorno a al asunto, en el escenario nacional: mientras algunos conciben la participación política como un asunto electoral, exclusivamente, las FARC entienden su inclusión en la política desde una perspectiva más amplia que comprende acciones cívicas, sociales y culturales.

De todas maneras los panelistas coincidieron en que una reforma del sistema electoral colombiano no da espera. En ese sentido, el senador John Sudarsky, del Partido verde dio a conocer una iniciativa suya de reforma constitucional al régimen electoral colombiano, para garantizar una nuevas condiciones de participación política en Colombia.

Otros de los participantes en esta parte del foro señalaron las dificultades planteadas por el tiempo, y señalaron los riesgos que implica una coincidencia del proceso de paz con la época electoral colombiana, situación que la mayoría considero indeseable.

Implementación de los acuerdos: fase III del proceso de paz

La construcción de la paz en una fase posterior a la firma de los acuerdos que se preparan en La Habana, tiene que sacarse de Bogotá, para localizarse en las regiones del país; los departamentos y los municipios están llamados a ser protagonistas número uno en este proceso.

En este y otros puntos se mostraron de acuerdo los panelistas invitados a la tercera sección del Foro, el exgobernador y exconstituyente Antonio Navarro Wolf y el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez.

Ambos señalaron que el ordenamiento territorial es una asignatura pendiente, heredada de los tiempos de la Asamblea Constituyente y que para saldar esa deuda debe realizarse una reforma que le otorgue herramientas jurídicas, políticas y técnicas a las regiones, así como recursos económicos y capital humano para que allí se realicen efectivamente las expectativas de la paz.

En la discusión se reconoció la vulnerabilidad de departamentos y municipios para resolver graves problemas que exige la recuperación de la paz. Otros elementos considerados como fundamentales en el posconflicto, tanto por el Ministro como por Navarro fueron, entre otros, la participación del sector privado, la reforma fiscal regional, cualificación de la política regional y una estrategia integral de participación ciudadana.

En el debate se destacó, igualmente, el llamado de Antonio Navarro al Estado en el sentido de no abandonar a su suerte a quienes busquen su reintegración a la vida civil pues están expuestos a toda clase de riesgos, entre ellos su regreso a las organizaciones armadas o su vinculación con el narcotráfico u otros delitos. “Yo propongo que el Estado asuma a todos los miembros de las FARC que decidan reintegrarse a la sociedad civil, les dé un salario mensual y les garanticé su educación –la mayoría de estas personas no sabe leer y escribir-. Algunos de ellos, yo los incorporaría a un mecanismo de fuerza pública porque quien más sabe de seguridad es el experto en inseguridad, el guerrillero que conoce las trochas y los caminos rurales, el que le va a permitir al Estado mejorar su relación con la población”, sostuvo Navarro.

Víctimas, judicialización y comisiones de la verdad

Citando una frase del juez Moreno Ocampo de la Corte Penal Internacional, según “la cual la justicia no puede ser obstáculo para la paz, pero la paz no puede prescindir de la justicia”, el cuarto panel del Foro discutió el carácter de esa justicia que debe favorecer la paz.

De acuerdo con la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, tras el proceso de paz con las Farc debe haber justicia para consolidar ese pacto social al que “esperamos llegar “, dijo. Además de ella, en la sección participaron el Alcalde Mayor de Bogotá y el jurista español Baltasar Garzón.

“No podemos cerrar un acuerdo que deja abiertas las heridas” y en ello el papel de la justicia es fundamental, con la ayuda complementaria de una comisión de la verdad, con participación de las víctimas, dijo la Ministra y señaló que habría que definir qué tanta justicia se va aplicar. “Depende del contexto de paz sobre cuánto se va a investigar, qué se va a investigar, pues situaciones especiales requieren respuestas especiales”, respondió, y agregó que en todo caso se deben respetar mínimos estándares internacionales de justicia para evitar que intervenga la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Por su parte el exjuez español Baltasar Garzón recordó que las amnistías generales hoy son imposibles de asumir. “Así lo dice la Corte Constitucional, la CPI, la Constitución y la Corte Interamericana”, dijo. Más adelante, el jurista europeo indicó que la CPI no intervendrá en Colombia a menos que haya una amnistía total o falta de justicia y subrayó que la justicia que se aplique debe corresponder a las necesidades de la paz y ser producto de un momento y de un contexto social específico: “la relatividad de las normas penales es un hecho evidente”, recalcó.

A su turno, Gustavo Petro, Alcalde de Mayor de Bogotá y desmovilizado del M-19, hizo referencia a la verdad como elemento clave de la paz, cuya función es descubrir el poder, lo que generaría un proceso histórico que implique un cambio de poder. La sociedad en general debe estar dispuesta a participar en la búsqueda colectiva de la verdad como condición indispensable de un proceso de paz, pero esta búsqueda es un proceso complejo en el que confluyen numerosas verdades, ninguna de las cuales puede ser excluida, advirtió.

La justicia transicional tomará tiempo

Para cerrar el debate, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, explicó los alcances de la Justicia transicional, un mecanismo temporal en el cual se deben establecer metas y llegar a unos acuerdos, para empezar la fase de construcción de paz.

Para Jaramillo, llegar a este punto en el proceso de paz no ha sido casual sino producto de un largo proceso, en el que el presidente de la República reconoció que hay un conflicto armado con las FARC y el ELN; inició un proceso para prestar ayuda a las víctimas; se dio a la tarea de crear un entorno internacional propicio; advirtió la necesidad de un espacio transicional y puso en marcha un proceso metódico para llegar a la paz.

Agregó que en la justicia transicional no va haber impunidad y que la participación política de quienes regresen a la vida civil seguramente deba esperar a que aquella opere.

Jaramillo aseguró que el presidente Santos subrayó que el acuerdo final deberá tener un mecanismo de refrendación, es decir, la gente podrá salir a votar y decir si aceptan el consenso al que llegaron las partes.

El Alto Comisionado de Paz afirmó que Colombia lleva 50 años de guerra, que esta es la mejor oportunidad de la historia de ponerle fin a ese conflicto y que en nuestras manos está aprovecharla, con participación y compromiso de toda la sociedad.

“Yo creo que la oportunidad del fin es real… quiero insistir que estamos ante una oportunidad real y tal vez la única de poner fin de manera organizada al conflicto en Colombia… es un fin digno a esta guerra de 50 años”, señaló Jaramillo.

El Externado, el mejor escenario

Si hay un escenario idóneo para llevar a cabo una confrontación civilizada de ideas, ese es el Externado de Colombia. Esta verdad de a puño se confirmó una vez más tras la realización del Foro Dilemas Jurídicos del Proceso de Paz en nuestro gran auditorio, el 9 de mayo de 2013.

Allí se comprobó una vez más algo que los colombianos no hemos aprendido del todo, pero que tenemos que asimilar de una vez por todas: que quien se considera diferente no es un enemigo que hemos de eliminar. Aún más, en estos tiempos de búsqueda de la paz, los externadistas demostraron, en un gesto de gallardía y valor, que se puede compartir escenario con quienes nos han dejado profundas heridas, y que se puede cambiar el “chip” para emprender nuevos caminos.

Es un ejemplo de paz que habla por sí solo, más allá de lo que se dijo en la jornada. Por ello, el Externado ha sido, es y será “el templo de la tolerancia”, como lo definió su rector al despedirse de la concurrencia.

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