Proporcionar a los asistentes herramientas que les permitan construir y demostrar que logran elaborar argumentos sólidos y persuasivos (a través de debates y otras actividades prácticas verbales y escritas) sobre problemáticas que atañen al derecho. Para lograr lo anterior, a lo largo del curso los asistentes enfrentarán retos de aprendizaje de forma autónoma, que les permitan aproximarse a la búsqueda de información relevante para construir argumentos sólidos y persuasivos frente a un caso particular.
¿En qué consiste?
Se asume que los abogados deben manejar de forma adecuada dos tipos de lenguajes: el oral y el escrito. En el caso que nos ocupa, dicho manejo, debe permitir que todo aquel que tome el curso cuente con las estrategias básicas para pensar como abogados, lo cual implica elaborar y expresar de manera clara y efectiva sus ideas, a través de argumentos sólidos y persuasivos.
Durante el curso los asistentes se acercarán a una visión del derecho que asume que a las respuestas y soluciones frente a situaciones problemáticas que atañen al derecho, se llega a través de la construcción argumentativa y no simplemente desde preconcepciones. Hay caminos argumentativos adecuados e inadecuados y los asistentes aprenderán a reconocer la diferencia entre ellos. En esta medida, se espera que la clase sea un espacio para que los asistentes reconozcan sus sesgos y su posición política, y puedan así, cuestionar sus propias posiciones a través de la construcción de argumentos y del reconocimiento de los planteamientos de los demás.
Así mismo, con la clase, acompañaremos a los asistentes en el desarrollo autónomo de herramientas argumentativas verbales y escritas que les permita construir y expresar visiones críticas de la realidad social en la que se desenvuelven.
Fecha: del 12 septiembre al 3 de octubre del 2017.
Duración: 10 sesiones - 30 horas magistrales.
Horario: martes a jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Universidad de los Andes - Sede centro.
¿A quién va dirigido?
El curso está dirigido a abogados independientes, litigantes o que trabajen en firmas de abogados, empresas, gremios y el sector público. Asimismo, estudiantes de derecho de todas las universidades del país.