Las exigencias legales a nivel nacional e internacional para los sectores económicos del país y en particular para las empresas públicas y privadas, orientadas a la implementación de un sistema de administración de riesgos que comprenda la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de otra clase de riesgos que puedan afectar a las organizaciones y a sus grupos de interés interno y externo, imponen a directivos, empleados, oficiales de cumplimiento y demás interesados, su conocimiento, manejo y gestión, medida de prevención oportuna y necesaria.